El pasado 28 de abril se celebraron las elecciones generales y seguramente fue un día muy especial para muchas personas con discapacidad que tienen su capacidad de obrar modificada, ya que pudieron hacer valer su derecho a voto por primera vez en sus vidas. Fue el año pasado, en diciembre de 2018, cuando este colectivo pudo ver que sus derechos hacia la igualdad de oportunidades iba en buen camino cuando cambió la legislación que regulaba el derecho de sufragio avanzando un paso más en la inclusión en la sociedad de este colectivo.

Se trata de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Esta Ley se fundamenta en la propia Constitución Española, concretamente en el artículo 14 que proclama la igualdad de todos los españoles y españolas garantizando el derecho de igualdad de trato y no discriminación incluyendo también a las personas con discapacidad. Únicamente han tenido que ser modificados los apartados b) y c) del punto uno del artículo 3 en el que se reflejaba que las personas con capacidad de obrar modificada carecían de derecho de sufragio siempre que en la sentencia judicial, se declarara expresamente la incapacidad para el ejercicio del mismo y que aquellas personas que se encontrasen internos en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que durase el internamiento siempre que en la autorización del juez se declarará expresamente la incapacidad para hacer valer este derecho. También se modificó el punto dos del mismo artículo en el que queda reflejado que todas las personas podrán ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea la forma de comunicarlo y con los medios que precise.

Es preciso echar la vista atrás y recalcar que gracias a la entrada en vigor en España de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad se ha trabajado en mejorar día tras día en la inclusión en la sociedad de este colectivo protegiendo y asegurando la igualdad de todos los derechos humanos y libertades que les conciernen. El hecho de que este grupo tenga la oportunidad de tomar parte en la política supone su máxima expresión en la participación pública y que sean visibilizados y reconocidos como iguales al resto de personas.